Un reciente informe del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) revela que en República Dominicana hay 735,837 conductores con licencias vencidas.
Este dato, actualizado al 31 de octubre, ha generado alarma, sobre todo en un contexto donde las cifras de muertes por accidentes de tránsito continúan siendo preocupantes.
La Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) registró 1,753 fallecimientos por siniestros viales en 2023, posicionando al país como uno de los más afectados por este tipo de tragedias.
Falta de fiscalización
A pesar de la gravedad de la situación, no se observan mecanismos claros de fiscalización por parte de las autoridades, como el Intrant o la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett).
Actualmente, la renovación de licencias depende del interés individual de los conductores, lo que deja un vacío en el control del cumplimiento de esta normativa.
¿Quiénes son los conductores con licencias vencidas?
El desglose por edad de los 735,837 conductores con licencias expiradas muestra que:
- 75,609 tienen entre 18 y 30 años.
- 347,621 tienen entre 31 y 50 años.
- 312,607 son mayores de 51 años.
Factores detrás de las cifras
- Emigración: Parte de estos conductores podría residir en el extranjero, por lo que no han renovado sus licencias.
- Fallecimientos: Se sugiere cruzar datos entre el Intrant y la Junta Central Electoral (JCE) para excluir a las personas fallecidas.
- Infractores: Muchos conductores siguen utilizando sus licencias vencidas, lo que representa un riesgo en las vías.
Urgencia de soluciones
El Estado debe tomar medidas inmediatas para enfrentar este problema.
Los accidentes de tránsito no solo generan pérdidas humanas, sino también un alto costo para el sistema de salud. La falta de estadísticas actualizadas y de una fiscalización efectiva dificulta la implementación de soluciones.
La licencia de conducir, como documento público, pierde su validez una vez vencida, lo que debería inhabilitar al conductor para operar cualquier vehículo. Sin embargo, la falta de controles permite que esta normativa se incumpla con frecuencia.
El país necesita una estrategia más eficiente para garantizar la seguridad vial y reducir los riesgos asociados al tránsito irregular.
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