Denuncian que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional aplican dos varas en procesos penales
El alto mando de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional aplica dos varas muy distintas ante los procesos judiciales penales de sus miembros.
Mientras en casos sonoros se respetan estrictamente todas las garantías legales institucionales en los expedientes ordinarios de oficiales anónimos se actúa con rapidez.
La sola imposición de una medida de coerción preliminar detona la cancelación o el retiro inmediato del militar afectado sin esperar un dictamen definitivo.
Oficiales de alta jerarquía condenados en el Caso Coral permanecen activos y cobran salarios
Los oficiales de alta jerarquía encabezados por el mayor general Adán Cáceres fueron condenados recientemente a penas de entre diez y veinte años hoy.
A pesar de la sentencia judicial de primer grado estos altos oficiales se mantienen en condición de activos suspendidos y perciben sus salarios base.
El Ministerio de Defensa aplica en este escenario el criterio de que la separación definitiva depende exclusivamente de una sentencia judicial que sea irrevocable.
Miembros sin perfil mediático son cancelados de forma fulminante ante cualquier sospecha legal
El contraste ocurre con los oficiales subalternos y alistados cuyos casos ordinarios no generan ningún tipo de atención en las plataformas mediáticas nacionales.
En estos escenarios la imposición de una firma periódica o una garantía económica produce el final inmediato de su condición de miembro activo.
La administración militar no espera la apertura formal a juicio ni los recursos de apelación correspondientes para ejecutar la baja del uniformado afectado.
Tribunal Superior Administrativo enmienda la plana a las jefaturas ordenando reintegros inmediatos
Esta dualidad procedimentaria genera de forma constante que el Tribunal Superior Administrativo falle en favor de los desvinculados por violación al debido proceso.
Recientemente en mayo de dos mil veintiséis el tribunal ordenó el reintegro inmediato de un teniente de corbeta de la Armada de la nación.
La sentencia obligó al Estado dominicano a pagar de forma íntegra todos los salarios dejados de percibir por el oficial desde su separación.
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